No he sido partidario, hasta ahora, como muchos sectores de la izquierda lo reclaman, de distinguir entre la deuda pública legítima e ilegítima. Entendía que la deuda pública emitida, junto con los ingresos fiscales, aportaban los fondos necesarios para el mantenimiento del gasto público, y que, sin perjuicio de las barbaridades y disparates que se han cometido, como los aeropuertos sin aviones, o los AVE sin viajeros, no había forma de distinguir que parte de la deuda podría considerarse ilegítima y que parte razonable como fuente de financiación pública, no digamos en términos de los tenedores de la deuda pública.
Pero hay que cambiar de punto de vista con las enormes cantidades que se están dedicando a refinanciar y sanear (ya veremos) el sector crediticio. En Bruselas se acaba de aprobar un inmenso plan de ayudas a la banca, de 30, 40 o 50.000 millones de euros (nada está claro) que son, con independencia de cómo se computen y de las marañas legales que se adopten para confundir, deuda que asume el Estado. Ahora sí. En la medida que esta deuda se destina al objetivo inequívoco de subvencionar a la banca adquiere el carácter de ilegítima. Ésa banca ha sido un negocio privado, sus directivos han sido incompetentes e inmorales en grado sumo, y practican con saña los desahucios de los modestos deudores, como para que, en un alarde de cinismo social sin precedentes, ahora deban compensarse sus balances quebrados.
Ésa deuda es ilegítima y en su día, si hay oportunidad, no se pagará. Se echa mano para justificar el rescate bancario a la catástrofe que podría desencadenar el hundimiento de algunas instituciones financieras importantes. La respuesta no puede ser admitir el chantaje sino exigir que todas aquellas actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía estén nacionalizadas y bajo el control público. El sistema es de una voracidad ilimitada. El pueblo soberano no debe permitir ser expoliado con los falsos rescates. Somos mayoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario