LOS ACUERDOS DE CC.OO. Y UGT CON EL GOBIERNO Y LAS PATRONALES. DOSSIER

Los Acuerdos de CCOO y UGT con el Gobierno y las
organizaciones patronales. Dossier

AA.VV.

1) Juan Torres López: Un gran error de UGT y Comisiones Obreras

Desde hace meses vengo colaborando codo con codo con todos los sindicatos de nuestro
país que me han pedido apoyo porque creo que siempre, pero mucho más en estos
momentos, son una pieza fundamental para defender los derechos de las clases
trabajadoras. Cualquier diferencia que hubiera podido tener con sus posiciones y propuestas
la he aparcado porque estaba y estoy convencido, como he escrito en varios artículos, que
aprovechar la crisis para tratar de acabar con ellos es una de las estrategias que se han
propuesto llevar a cabo los grandes poderes financieros y los políticos que están a su
servicio. Y, sobre todo, los he apoyado porque he tenido la íntima convicción de que las
diferencias entre quienes aspiramos a conseguir una sociedad más justa se deben resolver
fraternalmente y no tratando de acabar unos con otros, como tantas veces ha ocurrido en el
seno de las izquierdas.
Ahora, sin embargo, debo manifestar que Comisiones Obreras y UGT han cometido, en mi
modesta opinión, un gran error que van a pagar caro no solo las clases trabajadoras sino
esos mismos sindicatos. Aunque, al mismo tiempo, quiero también advertir del gravísimo
peligro de responder al error con otro semejante que busca desde hace tiempo la derecha y
el poder económico: demonizarlos y hacer caer sobre ellos toda la responsabilidad de lo que
ha pasado.

Un error múltiple
A mi juicio, tanto UGT como Comisiones Obreras se han equivocado pactando con el
gobierno la reforma de las pensiones públicas por varias razones: En primer lugar, porque
esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los trabajadores y tendrá
como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una
pensión pública digna al jubilarse, si es que alguna vez llegan a hacerlo, lo que para su
inmensa mayoría significará no poder tenerla porque sus niveles de renta no les van a a
permitir disponer de ahorro privado suficiente. El pacto significa, sin ninguna duda, que a
partir de ahora el sistema de pensiones públicas español será más injusto (porque hace
recaer en mayor medida su mayor insuficiencia sobre las clases de renta más baja) y de
menor alcance (porque proporcionará menos pensiones y más precarias).
En segundo lugar, creo que se han equivocado también porque han entrado en el juego del
doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar el sistema. Uno, el de su
insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como hemos
expuesto en multitud de ocasiones los economistas críticos. Y otro, en el de aceptar que para
hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo
que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, y no aumentando los
ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y
más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad y, en última
instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir,
poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han
provocado la crisis y luego, como en Irlanda, que se vuelva a recaer en ella. Para haber
defendido de verdad el sistema público de pensiones, UGT y Comisiones Obreras deberían
haberse cerrado en banda y haber propuesto, en todo caso, un pacto social sobre el
horizonte de estos otros factores de los que también depende su equilibrio financiero a largo
plazo. Al no hacerlo, simplemente han aceptado que la pauta de distribución de la renta siga
siendo tan desigual como hasta ahora y que eso impida financiar mejor al sistema.
En tercer lugar, me parece que se están equivocando igualmente en explicar el pacto
diciendo que se trata de una solución positiva a la crisis de las pensiones e incluso a la
situación económica general. Les pasará lo mismo que le ocurre al gobierno: nadie los va a
creer porque han aceptado lo contrario de lo que decían y simplemente se pensará que son
un instrumento inútil para conseguir lo que dicen que quieren lograr.
Se podría aceptar que argumentasen que no ha habido otra opción, que no se ha dispuesto
de más fuerza para torcer la imposición de un gobierno esclavo de los poderes financieros,
que se ha conseguido lo más que se pudo conseguir… pero empeñarse en presentar este
pacto como positivo es algo que nunca van a entender los trabajadores que sean
mínimamente conscientes de que con él, como es evidente, van a tener menos pensiones y
menos cuantiosas.
En cuarto lugar, creo que se han equivocado aceptando esta reforma, que contradice lo que
venían diciendo en los últimos meses, porque al hacerlo muestran que es posible
extorsionarlos y todo el mundo sabe que quien acepta un chantaje termina por aceptar, como
le está pasando al gobierno, todos los que vengan detrás y eso, lejos de fortalecerlos, los va
a debilitar aún más. Dentro de unas semanas, cuando de nuevo se amenace con la
intervención inminente de la economía si no se firma, como ha estado haciendo el gobierno
durante toda la negociación, se pondrá en la mesa la reforma de la negociación colectiva,
luego la de los servicios públicos y así hasta que la definitiva sea la que se quite de en medio
a los propios sindicatos que ahora se mostraron sumisos.
En quinto lugar, también creo que ha sido un error ceder al gobierno sin haber intentado ni
siquiera hacerle frente, tal y como se había anunciado, con nuevas movilizaciones porque
eso ha frustrado a sus propias bases y a los trabajadores que confiaban en ellos para no
perder más derechos.
Pero un error que no es culpa solo de los sindicatos
Dicho todo lo anterior, que me parece que es grave y que va a traer consecuencias bastante
negativas para todos, creo que al mismo tiempo hay que poner sobre la mesa otras
cuestiones que a mí me parecen posiblemente tan relevantes y decisivas como el propio
gran error de los sindicatos.
En primer lugar, que el principal responsable de lo que está ocurriendo es el partido socialista
y sus militantes que no frenan la deriva neoliberal del gobierno ni su discurso falso que
presenta las medidas que están imponiendo la banca y las grandes empresas como si en
realidad beneficiasen al conjunto de los ciudadanos.
En segundo lugar, que es cierto que si no se hubiera producido ese pacto el gobierno hubiera
tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los
trabajadores. Lo que significa que los sindicatos han cumplido en cierta medida su función
que es la de defender a los trabajadores hasta donde efectivamente puedan hacerlo
En tercer lugar, que si se ha llegado a esta situación en la que el gobierno ha podido hacer
ceder a los sindicatos ha sido porque la ciudadanía no ha sido capaz o no ha estado
dispuesta a darle a los sindicatos la fuerza necesaria para que éstos hubieran podido hacer
frente con más decisión al gobierno. Si los sindicatos llaman a las movilizaciones y éstas son
insuficientes, minoritarias o a veces incluso simplemente anecdóticas, no podemos hacer
recaer luego la responsabilidad de los fracasos únicamente en los sindicatos. Esto tiene que
ver, en gran medida, con la baja afiliación sindical que existe en España. Si no participamos
en sus discusiones, si no hacemos nada por cambiar la correlación de fuerzas que pueda
haber en su seno, si no les damos mucha más fuerza con nuestra presencia ¿con qué
derecho podemos decir después que los sindicatos son simplemente unos traidores? Pero lo
ocurrido creo que no tiene que ver solo con la baja afiliación sindical.
En cuarto lugar, me parece que lo que acaba de suceder tiene relación con el hecho de que
en los últimos tiempos los sindicatos han venido desempeñando un papel que en realidad no
es a ellos a quien le corresponde. El partido socialista, que según su declaración de
intenciones ante la ciudadanía se supone que debería ser la organización mayoritaria que se
enfrentase a la derecha y a los poderes económicos, simplemente ha desaparecido sin
apenas combatir y el gobierno de sus secretario general se limita a aplicar las recetas que le
dictan, actuando como un partido más de la derecha económica, mientras la inmensa
mayoría de sus militantes guarda un silencio cómplice y que ya empieza a producir, además
de terribles consecuencias, incluso vergonzoso porque no son capaces de decir en público ni
en sus agrupaciones lo que dicen en privado.
Y, más allá del PSOE, simplemente existe una izquierda debilitada durante años por sus
rencillas internas, por la presencia de mucho discurso caduco, fragmentada y detrás de la
cual hay una minoría muy militante pero un ejército de personas cansadas, frustradas,
desmovilizadas y que, a lo sumo, se limitan a pontificar frente a las pantallas de su ordenador
pero que a la hora de la verdad ni siquiera votan a quienes podrían ser la expresión de su
radicalidad y descontento. Quiero decir con esto que se le está pidiendo a los sindicatos que
asuman el papel de referentes de la izquierda política y que actúen como tales enfrentándose
constantemente al gobierno, que resuelvan desde la lucha sindical lo que debería resolver la
izquierda política, y eso es sencillamente imposible.
Por ello, yo creo que en estos momentos hay que hacerle ver a los sindicatos que se han
equivocado pero siempre que al mismo tiempo nos hagamos ver a nosotros mismos que
también erramos cuando nos dejamos llevar por la pasividad, por el sectarismo o por un
radicalismo que nada tiene que ver con la realidad en la que estamos. Y eso significa actuar
en varios frentes, y no solo en el de la crítica a CCOO y a UGT. Significa movilizarse para
explicar a la gente lo que de verdad ocurre con la crisis y las pensiones.
Significa afiliarse en mayor medida a los sindicatos para poder influir de verdad en las
decisiones que tomen las dos grandes centrales. Significa no dedicar ni un minuto a
reproducir el discurso antisindical de las derechas y combatirlo en cualquier sitio para evitar
que su omnipresencia termine por asumirse generalizadamente. Significa pedirle a los
sindicatos que rectifiquen pero hacerlo fraternalmente y no produciéndoles un mayor
debilitamiento.
En definitiva, esta a mi juicio errónea cesión de los sindicatos es una muestra más de que la
crisis que estamos viviendo, en lugar de hacer que el capitalismo se hunda, como muchos
creían que iba a suceder, está reforzando el poder de quienes lo mantienen.
Por eso me gustaría terminar esta reflexión con unos párrafos de mi último libro La crisis de
las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, en el que
precisamente trato de explicar por qué está ocurriendo todo esto. "Hacer frente a la crisis
desde posiciones alternativas no consiste solo en ofrecer propuestas diferentes a las de los
poderosos (…) Es necesario disponer de ellas pero además, y quizá de forma prioritaria, hay
que hacer frente a este fracaso de interlocución entre las izquierdas y la gente, para lo cual
hay que llevar a cabo en primer lugar un gran proyecto de convergencia muy sincero y
fraternal, con gran lucidez y, sobre todo, sin un ápice de sectarismo sino anteponiendo a
cualquier otra cosa los elementos transversales que permitan hacer mallas y construir redes
para religar y coordinar lo local y lo disperso y para traducir a una única lengua los diferentes
voces y discursos de la transformación social.
Por eso, quizá si la izquierda y los movimientos alternativos en general comenzaran a
trabajar para poner en marcha prácticas políticas de este otro signo, fraternales, de
emociones y afectos, de reunión, de deliberación y debate para fomentar el conocimiento, la
indignación, la rebeldía y el sabotaje pacífico en lugar de dedicarse simplemente a gestionar
o simplemente a radicalizar sobre el papel sus programas, las salida a la crisis que vivimos y
a las que vendrán serían diferentes y conseguiríamos hundir para siempre en los vertederos
de la historia las prácticas sociales que crean tanta frustración y dolor innecesarios."
Es el momento de criticar pero también el de unir, no el de autodestruirse. Y, sobre todo, es
el momento de avanzar hacia el fortalecimiento político. Si queremos que los sindicatos no
vuelvan a dejarnos tirados, como ahora, hagamos todo lo posible para que en España exista
una alternativa política de izquierdas fuerte y unitaria que les de fuerza a los sindicalistas
honestos, que tengo la seguridad de que son la inmensa mayoría, e incluso a tantos
socialistas que también sienten la frustración de ver cómo su partido se suicida haciendo la
política de la derecha.- 31 enero 2010
Juan Torres López es catedrático de economía aplicada de la Universidad de Málaga y miembro del Consejo
Científico de ATTAC España.
Publicado en: http://www.redescristianas.net/2011/02/04/un-gran-error-de-ugt-y-comisionesobrerasjuan-
torres-lopez-catedratico-de-economia-aplicada/
2) Antonio Antón: Un recorte del 20%
El acuerdo sobre pensiones supone un recorte medio en torno al 20%, respecto de los
derechos actuales. Es similar al previsto por el plan gubernamental aprobado hace un año.
En la fase negociadora los sindicatos no han conseguido suavizar ese impacto global sino
que los recortes se han reestructurado entre diferentes segmentos en una doble dirección:
para una minoría la rebaja es menor, cercana al 7%, y para la gran mayoría es mayor, entre
el 18% y el 26%.
Dada la diversidad de los recortes, los resultados respecto de las posiciones iniciales de
Gobierno y sindicatos y la relevancia de los efectos sociopolíticos y sindicales de este
acuerdo es preciso valorar con rigor su contenido y su significado.
Es reconocido por todas las partes que supone un recorte de las pensiones futuras respecto
de los derechos actuales y que el objetivo es reducir 3 puntos del PIB el gasto en pensiones
para el año 2027, en que culmina su aplicación progresiva: un 25% de los 12 puntos
previstos del PIB para que se mantengan los 9 puntos actuales (o lo que es lo mismo,
impedir el crecimiento de un tercio del gasto actual en pensiones públicas para mantener los
mismos derechos). Las opiniones sobre la dimensión de ese recorte son divergentes, aunque
lo dominante se sitúa en un 12% (como admite el diario El País). La valoración sobre lo que
han cedido unos y otros también es polémica, aunque la idea principal es que el Gobierno ha
impuesto un retroceso pero que los sindicatos han suavizado o frenado el plan del Gobierno,
cosa incierta. En el plano sociopolítico el Gobierno sale reforzado, así como la continuidad de
su política liberal de ajuste y austeridad. Esa interpretación es sesgada y embellece la
reforma.
Como se avanzaba, el resultado del acuerdo, cuando se aplique totalmente en el año 2027,
es un recorte medio en torno al 20%, contemplando el conjunto de pensiones de jubilación.
Este resultado global es compartido por catedráticos de economía como I. Zubiri (ver diario
El País, 30-1-2011) y R. Muñoz de Bustillo (coautor junto con otros catedráticos e
investigadores del libro “La reforma del sistema de pensiones” –ed. Talasa- coordinado por
mi parte). Pero dada la diversidad de las medidas y las situaciones laborales, conviene
evaluar el impacto de cada una de ellas entre diferentes segmentos de la población
trabajadora. Por otro lado, esta valoración inicial significa que el Gobierno no ha cedido nada
respecto del objetivo global de reducir el gasto en pensiones y los sindicatos no han sido
capaces de frenar o suavizar ese recorte global de las pensiones futuras. Los cambios en el
proceso de negociación se introducen en las dos direcciones: a unos colectivos se limita la
rebaja, pero a otros se incrementa el recorte previsto. Veámoslo, comenzando por varios
ejemplos representativos del grueso de asalariados. Asalariados con 65 años de edad y 35
de cotización antes percibían el 100%; con el acuerdo el 74% con un recorte de 26 puntos.
Con 65 años de edad y 38,5 de cotización, antes el 100%; con el acuerdo el 93%, con 7
puntos de penalización. Con 63 años de edad y 33 años de cotización antes el 80%, y con el
acuerdo el 62% con 18 puntos adicionales de penalización.
La rebaja media del total de estos tres colectivos analizados (incluyendo en el tercer grupo
las personas con jubilación anticipada) supone el 17,4%. En su conjunto, con todas las
medidas e incluyendo autónomos y dentro del Régimen General las carreras con menores
cotizaciones, la estimación es del 20%. A ello hay que añadir la mayor penalidad por la
exigencia de trabajar dos años más.
En el primer caso, con 65 años y 35 de cotización antes no había penalización y se percibía
el 100% de la base reguladora. Con el acuerdo la penalización por la jubilación en esas
condiciones alcanza el 26%: 14,4% por los dos años de anticipar la jubilación ordinaria de los
67 años (penalización de 1,8 puntos al trimestre o 7,2 al año), más 4,56% por los dos años
que faltan hasta completar los 37 que ahora se exigen, más un 7% de reducción por la
ampliación del tiempo de cómputo de 15 a 25 años. Este bloque es, aproximadamente, el
20% de asalariados.
En el segundo caso el recorte es el 7%, sólo por la ampliación del tiempo de cómputo. Es el
sector, en términos comparativos, cuyo impacto reductor es menor, pero también sufren
rebaja. Alcanza también en torno al 20%.
En el tercer caso, antes la penalización era de 20 puntos (16 por la anticipación y 4 por los
dos años que faltan hasta cubrir los 35 necesarios). Con el acuerdo la penalización se
incrementa prácticamente 38 puntos (28,8 por los cuatro años de anticipación más 9,1 por la
falta de cuatro años de cotización). Contando con todos los trabajadores que no reúnen las
condiciones de 65 años y al menos 35 de cotización, del que no se analiza su casuística,
sumarían el 60% restante del Régimen General.
Es importante evaluar la dimensión de los colectivos de trabajadores afectados por cada
medida. En relación a los efectos de la ampliación de 15 a 25 años el tiempo de cómputo
para establecer la base reguladora, en el libro citado explico que el recorte medio del
conjunto de asalariados es del 5% (otros catedráticos como los antedichos lo sitúan en un
10%, y la versión oficial insiste en que la reducción en unos se equilibra con el beneficio de
otros, cuestión rebatida por los estudios citados). Pero hay que destacar dos segmentos
diferentes. Uno minoritario cuyos efectos son neutrales o menores que esa media. Son en
torno al 20%, compuesto, sobre todo, por capas medio-altas y altas (con mayores salarios en
cómputo mensual que el máximo de 3.198 euros de límite para la cotización máxima). Otro
mayoritario con el 80% de las clases trabajadoras y capas medias, con un recorte medio del
7%. Es verdad que esta medida a los trabajadores en paro en los últimos años puede
beneficiarles pero, por el contrario, a los que estuvieron en paro en esos diez años de
ampliación ese recorte medio todavía se incrementa por encima del 10%. En estos tres
ejemplos, de trabajadores y trabajadoras con carreras laborales largas, se parte de esa
reducción de siete puntos.
Segundo, el grupo de trabajadores con las dos condiciones de 65 años de edad y 38,5 años
de cotización, según estimaciones propias, está en torno al 20% de los jubilados. Diversas
fuentes oficiales señalan que entre un 40% y un 50% se jubilaban con 38,5 años de
cotización. No obstante, según las propias fuentes estadísticas de la Seguridad Social, sólo
un tercio de jubilados cumplían las dos condiciones básicas (65 años y 35 años de
cotización); es decir, dos tercios sufrían penalizaciones por no reunir la primera, la segunda o
las dos condiciones. Aproximadamente, la jubilación antes de los 65 años, sólo posible en
determinados supuestos, alcanza el 59% (más del 54% es anticipada) del Régimen General
(el 40% antes de los 63 años, ahora impedido salvo para empresas en crisis, y el 19%
restante a los 63 o 64 años); el 31% se jubila a los 65 años, y los que la prolongan
voluntariamente más de 65 años son el 10% restante (a los que ahora se les aumenta el
incentivo). Eso quiere decir que una parte significativa de personas con más de 38,5 años de
cotización se jubilaban anticipadamente antes de los 65 años, con la correspondiente
penalización, similar a la del acuerdo.
Por tanto, la estimación realista es que esta opción sin penalización es operativa para el 20%
en esta década (y la mitad para la siguiente). Es verdad que esta cifra es una ampliación del
cupo ofertado por el Gobierno al comienzo de la negociación que lo restringía todavía más (al
10%) por la condición de 41 años de cotización. Ese bloque es significativo para los
sindicatos al constituir una parte de sus bases sociales directas: asalariados de largas
carreras de empleo, particularmente de las grandes empresas y el sector público (laboral). A
este segmento, con una desventaja menor que el resto, habrá que añadir el grupo de
trabajadores con empleos tóxicos y penosos que no posean esas dos condiciones, pendiente
de concretar su dimensión; pero también será minoritario como ‘excepción’ a la norma
general de los 67 años. No obstante, la dimensión del conjunto de este sector está muy
alejada de las hipótesis optimistas que lo sitúan en el 50%, y en el mejor de los casos no van
a llegar al 30%.
Los sindicatos han conseguido la opción de la jubilación a los 65 (o 66) años, sin
penalización adicional por jubilación anticipada si se tienen cotizados al menos 38,5 años.
Esto es positivo. Han roto la generalización total de la obligatoriedad de la jubilación a los 67
años (para el acceso al 100%). Es un aspecto relevante dentro de su justificación del
acuerdo, especialmente, al considerarlo como elemento que no ha traspasado la ‘línea roja’
inicial. Ahora bien, la dimensión de esa excepción es pequeña, o lo que es lo mismo, los
efectos de la prolongación de la edad ordinaria de jubilación son mayoritarios y afectan a
cerca del 80%. Esa es la parte que han cedido los negociadores sindicales desconsiderando
su compromiso social. Su función representativa y la defensa de ese segmento quedan
debilitadas.
Esta excepción tampoco ha modificado la posición global del Gobierno que ya había
anunciado su disposición a ‘flexibilizar’ la obligatoriedad de los 67 años para todos. El
rechazo sindical a esa generalización, el NO a los 67, era firme y claro; estaba apoyado por
las grandes manifestaciones de febrero y marzo pasados que consiguieron aparcar ese plan
regresivo y fue ratificado por los que participaron y apoyaron la huelga general del 29 de
septiembre (y las manifestaciones del 18 de diciembre). Pero hay que recordar que esa
opción de poder jubilarse anticipadamente a los 65 años junto con el alargamiento de la edad
legal a los 67 años, ya estaba contemplada en el plan gubernamental de enero de 2010,
pendiente de definir la penalización correspondiente. Incluso este autor (ver Estudio
Pensiones y Empleo publicado por la Fundación 1º de Mayo en marzo de 2010) explicaba
que el efecto mayoritario de ese alargamiento de la edad legal de jubilación no sería
prolongar dos años más la permanencia en el empleo sino introducir esa penalización
adicional rebajando la cuantía de las pensiones (entre el 12% y el 16%).
Lo que se concreta ahora es lo siguiente. Esa parte minoritaria del 20% no es penalizada al
contar con esas amplias cotizaciones (sólo sufre el recorte medio del 7% por el incremento
del tiempo de cómputo de 15 a 25 años, al igual que el resto). Pero, esa mayoría del 80%,
padece esa penalización por los dos años de alargamiento de un 14,4% (un 7,2% anual o
1,8% trimestral), adicional a la que sufre si se anticipa más, a los 63 o 64 años. Y a ella se le
acumula esta mayor penalidad de dos años más de empleo o nueva penalización. O sea, ese
bloque mayoritario ve incrementado un recorte adicional del 4,56%, al pasar de 35 a 37 años
el límite de cotización para el acceso a una pensión del 100% de la base reguladora. En los
otros dos ejemplos se ve el impacto reductor.
Es decir, si el plan gubernamental en su expresión más rígida de alargamiento de la edad
ordinaria de jubilación a los 67 años, sin excepciones, suponía un recorte entre el 16 y el
12% (según la penalización anterior entre 8 puntos la situación ordinaria y 6 puntos con 40
años de cotización), el acuerdo consiste en una nueva segmentación con otro reparto de los
recortes: a) un colectivo minoritario sin penalización, y b) otro colectivo mayoritario con hasta
19 puntos de penalización. Aunque en ambos casos hay que añadir los siete puntos por la
reducción derivada de la ampliación del tiempo de cómputo. El salvar a un colectivo menor
se hace a costa de incrementar el recorte de otro colectivo mayor.
El Gobierno en los inicios de la negociación, a mitad de diciembre, filtraba su propuesta de
65 años y 41 de cotización para considerarla como excepción a la norma de la percepción
del 100% de la pensión con 67 años. Hay que valorarlas como cartas negociadoras,
generadoras de alarma y, al mismo tiempo, de disposición flexible respecto de la ‘línea roja’
de 67 años para todos; el palo y la zanahoria. Igualmente, CCOO –no la UGT- utilizó la
amenaza de otra huelga general como presión negociadora (aparte del capital social
acumulado por el sindicalismo en el proceso de la huelga general del 29-S). La consecuencia
es que el freno a la agresión ha tenido un resultado escaso, y la norma dominante,
generalizada con excepciones, es la de 67 años. Pero como se decía, en la práctica, se
facilita la jubilación anticipada a partir de los 63 años (con 33 de cotización) rebajando más la
cuantía de la pensión por la penalización adicional. No obstante, este pequeño y relativo
freno sitúa a este sector, en términos comparativos, en una situación menos desfavorable
que el resto, aunque no impide que también haya retrocedido en sus derechos.
Sin embargo, en contrapartida, el Gobierno ha impuesto otro componente de recorte
sustancial no explicitado en su plan de hace un año, remitido al Pacto de Toledo y las
instituciones europeas. En él sólo aprobaba el alargamiento de la edad de jubilación a los 67
años, dando por supuesto el mantenimiento de los 35 de cotización. En el proceso
negociador y con el acuerdo se amplían esos dos años, de 35 a 37 años, de cotización
necesaria para tener el 100% de la base reguladora a los 67 años, nivel cada vez más difícil
de conseguir. Ello supone un recorte adicional de 4,56 puntos (0,19% mensual o 2,28%
anual, superior a los dos años que actualmente se computan para la penalización por año
entre los 25 y 35 años de cotización). El impacto de ese recorte adicional es mayoritario, a
más del 60% de la población trabajadora, y afectará a más en el futuro.
Por tanto, con la excepción conseguida para los trabajadores que cumplan esas dos
condiciones de 65 años de edad y 38,5 años de cotización, los sindicatos suavizan el recorte
para ese segmento del 20% y salvan un elemento simbólico de romper la obligatoriedad total
de estar empleado hasta los 67 años para obtener el 100% de la pensión (que no estaba en
el plan del Gobierno). Pero, al contrario, han aceptado una condición nueva que recorta ese
4,56% la pensión de la mayoría (aparte de una penalidad adicional de mantenerse en el
empleo –los que lo consigan- más allá de los 35 años).
En definitiva, la negociación y el acuerdo no han suavizado ni frenado el plan del Gobierno,
tomado en su conjunto. Los negociadores sindicales han intercambiado una reducción menor
hacia unos trabajadores y un mayor recorte de lo previsto a otros. El Gobierno ha conseguido
una reducción global del gasto previsto en pensiones con un recorte medio del 20%, igual al
planteado hace un año y en el comienzo de las negociaciones.
Por otra parte, algunas mejoras menores (becarios, cotización por hijo) tampoco compensan
otros retrocesos significativos. En el caso de los becarios se pretende normalizar su
contratación incluyendo la obligatoriedad empresarial de aportar sus cotizaciones sociales
(similar al contrato de prácticas), y ello tiende a eliminar esa figura; pero incluso la posibilidad
de reconocimiento de hasta dos años de cotización (dentro de los últimos cuatro) está
supeditada a que se hagan cargo ellos mismos (no la institución en que han trabajado) de las
cotizaciones, vía convenio especial con la Seguridad Social, cosa especialmente onerosa. En
el caso del nacimiento (o adopción) se reconocen a la madre nueve meses de cotización
(hasta un límite de dos años, y partiendo de que el número medio de hijos por mujer es de
1,4) sólo si está empleada en ese momento y pide una excedencia por cuidado del hijo, lo
cual es un riesgo adicional para las carreras laborales de esas mujeres que se lo pensarán
dos veces por tener que renunciar a sus salarios (al ser excedencia tampoco cobran
prestación por desempleo) y a sus expectativas profesionales. Son dos aspectos netamente
positivos, a los que se les da gran importancia para legitimar el acuerdo, pero su operatividad
es muy limitada.
No obstante, en este apartado de elementos nuevos, se ha incorporado uno particularmente
nocivo. Se trata de la aceptación de la variable de la esperanza de vida a los 67 años para
adecuar los ‘parámetros fundamentales del sistema’ a partir del año 2027, de forma
quinquenal. Pues bien, con las proyecciones actuales para la década de 2030, el recorte
adicional de las pensiones que se está aceptando ya para ese año 2027 es del 2,5%. Es,
además, un retroceso cultural importante que hace depender fundamentalmente el importe
de la pensión en esa variable demográfica, sin valorar otras alternativas planteadas hasta
ahora cómo la de ampliar la base de ingresos del sistema (aumentar el empleo y los salarios,
o la participación pública en su financiación) para contrarrestar y financiar ese efecto de
envejecimiento.
Al margen quedan dos aspectos problemáticos no incluidos en el acuerdo pero sí en el plan
gubernamental, y que habrá que comprobar: el reajuste de la pensión de viudedad, con
restricción de las contributivas, y el sistema de revalorización anual de las pensiones –
introduciendo indicadores que rebajen el dato del IPC como referencia actual-.
En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada
económicamente, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en
una media del 20%. La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la
segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación
de la política socioeconómica, laboral y fiscal. Persiste del alto paro y nuevas brechas
sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento
de las personas mayores. No disminuye significativamente el carácter regresivo de la
reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno, que es el que sale más
beneficiado porque se legitima su política de ajuste y austeridad. Tampoco es una salida
‘compartida’, con un equilibrio de las aportaciones o concesiones de las partes. El resultado,
con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la
sociedad, más fragmentada y asistencializada, junto con el desarrollo de fondos privados de
pensiones como salida parcial para las capas acomodadas.
Queda pendiente la evaluación del grado de legitimación del acuerdo y la gestión sindical
entre sus bases sociales y la ciudadanía, así como los incentivos de la mayor respetabilidad
institucional de los sindicatos. Igualmente, habrá que analizar el significado más general de
este acuerdo y el pacto social alcanzado relacionado con el tipo de gestión y salida de la
crisis económica, así como su impacto en la configuración del escenario sociopolítico y
electoral. Sobre ello habrá que volver.- 4 febrero 2010
Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Artículo publicado en
Nueva Tribuna: http://www.nuevatribuna.es/noticia/44397/OPINI%C3%93N/pensiones-recorte-20.html
3) Vicenç Navarro: Contra el retraso de las jubilaciones
Hemos vivido durante estos meses una avalancha ideológica a través de los medios de
mayor difusión del país para promover el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67
años. Esta medida fue exigida al Gobierno español por los mercados financieros y por el
establishment de la Unión Europea, dirigido por el Gobierno conservador-liberal presidido por
Angela Merkel, quien se encuentra hoy en España para dar su aprobación y beneplácito al
Gobierno de Zapatero por haber tomado tal decisión.
El carácter ideológico de esta campaña en España aparece, claramente, en el sesgo de la
presentación en tales medios de los argumentos a favor y en contra. Los cinco rotativos de
mayor difusión del país han escrito editoriales a favor de tal medida y el 89% de los artículos
aparecidos en sus páginas de opinión y sus boletines informativos han sido favorables al
retraso obligatorio de la edad de jubilación, mientras que sólo un 11% se mostraron
contrarios. Algo semejante ha ocurrido en los canales televisivos tanto públicos como
privados de mayor difusión, en los que apenas han aparecido voces críticas. Un ejemplo
representativo de este sesgo es el programa sobre las pensiones de 59 segundos, de TVE,
en el que, de seis ponentes, sólo uno estaba en contra de tal retraso.
Ahora es seguro que esta propuesta se aprobará uno de estos días por amplia mayoría en
las Cortes españolas (con el rechazo de los partidos a la izquierda del partido gobernante).
Es interesante contrastar esta casi unanimidad de los establishments políticos y mediáticos
españoles en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años con el enorme
rechazo por parte de la gran mayoría de la población española (de un 65% a un 94 %, según
la encuesta que se considere). Esta situación explica el enorme distanciamiento existente en
España entre los gobernantes (la clase política y los principales medios) y los gobernados.
No es de extrañar que, según las encuestas de opinión pública en la Unión Europea, España
sea, junto con Portugal, el país de la UE que valora más negativamente al establishment
político y que exprese menor confianza en los medios de comunicación.
Es lógico que la mayoría de la población esté en contra de esta medida porque, por mucho
que la endulcen sus defensores, recorta considerablemente las pensiones públicas; una
reducción que se justifica con el fin de salvar el sistema público de pensiones, lo cual no es
cierto. En realidad, todas las medidas exploradas se han centrado en los recortes de
beneficios en lugar de en incrementar los ingresos debido a la resistencia de los
establishments políticos y mediáticos españoles a promover una reforma fiscal progresiva
que corrija la enorme regresividad existente en el sistema tributario español y en la
financiación de la Seguridad Social. Las medidas neoliberales actuales de reducir el déficit
del Estado a base de recortar el gasto público, en lugar de aumentar los ingresos al Estado,
son otro ejemplo del dominio del pensamiento conservador-neoliberal en aquellos
establishments.
La evidencia científica (proveída por autores críticos, marginados en los medios españoles
de mayor difusión) muestra el error de tales medidas. El último ejemplo de ello es el informe
Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong Approach for Social Security
(Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es el enfoque equivocado para salvar la
Seguridad Social), del prestigioso Economic Policy Institute de Washington, próximo a los
sindicatos estadounidenses. Este informe documenta que el retraso obligatorio de la edad de
jubilación, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto
menor a la hora de garantizar la solvencia del sistema público de pensiones que otras
medidas que ni siquiera han sido consideradas por el Gobierno español, tales como
incrementar la progresividad del sistema tributario y del sistema de financiación de la
Seguridad Social. Ambos sistemas son de los más regresivos existentes en la UE-15.
Asimismo, señala el incremento de las desigualdades de renta, con un aumento
desmesurado de las rentas del capital (que no cotizan a la Seguridad Social) a costa de las
rentas del trabajo (que son las únicas que cotizan) y una polarización de estas últimas, con
un ascenso de los salarios altos de una minoría (cuya cotización a la Seguridad Social es
menor que en la mayoría de cotizantes) y el estancamiento, e incluso reducción, de los
salarios de la mayoría de cotizantes. Esto ha generado el descenso de los ingresos a la
Seguridad Social en EEUU, por lo que el informe señala que su corrección eliminaría la
necesidad del retraso obligatorio de la edad de jubilación. Una situación semejante ocurre en
España.
Una última observación. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho lo que tenían que hacer:
han defendido en condiciones dificilísimas los intereses de los trabajadores. Debido a su
esfuerzo se suavizaron algunas de las propuestas más duras del Gobierno y la reforma
mejoró considerablemente. Es injusto que se les acuse de traicionar a la clase trabajadora,
pues hicieron lo que pudieron, aunque se les puede reprochar que nunca debieron haber
aceptado el retraso obligatorio de la jubilación. Creo que lo hicieron porque asumieron
(erróneamente) que no tenían la suficiente capacidad de movilización para parar tal medida.
Pero les rogaría que, una vez pactada la reforma, no repitan ahora, como justificación de su
aceptación, los mismos argumentos que hicieron aquellos que los propusieron desde el
principio. Referirse al cambio demográfico como justificación de la propuesta es convertirse
en parte del problema en lugar de ser parte de la solución.- 3 febrero 2010.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y excatedrático de
Economía de la Universidad de Barcelona. Reproducido de: http://elcomentario.tv/reggio/contra-el-retraso-de-lajubilacion-
de-vicenc-navarro-en-publico/03/02/2011/
4) Antonio Baylos: Un proceso contradictorio y conflictivo: el acuerdo sobre
la reforma de pensiones
El acuerdo de reforma del sistema de pensiones concluido entre el 27 y el 28 de enero de
este año, ha generado, como no podía ser menos, una amplia expectación por su significado
material y sus repercusiones políticas. Se trata de un hecho muy significativo que merece
unas reflexiones globales, con independencia de posteriores análisis de aspectos concretos
de su contenido.
La valoración de cualquier acuerdo requiere considerar al menos tres aspectos. El primero, el
contexto en el que se produce la negociación y la firma del mismo. En segundo término, la
fórmula o procedimiento llevado a término para su realización y las posteriores
consecuencias de este proceso. En tercer y último lugar, las consideraciones sobre el
contenido de lo acordado y su posición en la relación existente entre las pretensiones de las
partes de la negociación.
Siguiendo este esquema de análisis, es un lugar común que la reforma del sistema de
pensiones se inscribe en una línea de intervención promovida por la Comisión europea que
no sólo se manifiesta en la elaboración del Libro Verde “En pos de unos sistemas de
pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros”, de 7 de julio de 2010 , COM (2010)
365 final, cuya tesis es que hay que retrasar la edad de jubilación revisando “por completo”
los marcos legales en los países de la UE, sino en las iniciativas que ella ha auspiciado en
varios ordenamientos europeos como medidas de salida de la crisis. Se han producido así
reformas drásticas de la pensión de jubilación en los países periféricos que han sufrido las
turbulencias financieras sobre la financiación de su deuda, pero también en otros Estados
“centrales”, como Inglaterra y, de manera especial, Francia. En el caso español, la propuesta
de ampliar la edad de jubilación a 67 años, y la extensión de los períodos de carencia a 41
años, con 30 años para el cálculo de la base reguladora, culminaba una estrategia de
reformas llevadas a cabo por el gobierno socialista que había incidido sobre el recorte del
gasto social y del salario de los empleados públicos, la privatización de los servicios públicos
más rentables, y la implantación de una “reforma estructural” del mercado de trabajo que,
pese a la importante huelga general del 29 de septiembre, había sido llevada a cabo en los
términos diseñados por el mando económico y financiero que fueron asumidos y defendidos
en su integridad por el régimen legal que implanta la Ley 35/2010.
En este contexto de ofensiva por lo que se denomina “devaluación interna” de los salarios y
del poder sindical colectivo en la regulación de las condiciones de trabajo, la reforma del
sistema de pensiones venía a anunciar que el objetivo siguiente era el modelo de seguridad
social como manifestación principal de la cláusula del estado social en nuestra constitución.
Por eso la reacción sindical a este plan fue el anuncio de la convocatoria de una segunda
huelga general. Desde esta posición, el sindicalismo confederal pudo forzar la apertura de un
proceso de negociación en el que por otra parte se incluyeron otros temas muy relevantes,
como el de la reforma de la negociación colectiva, el desarrollo reglamentario de los
expedientes de regulación de empleo y las políticas activas de empleo.
Este es el segundo aspecto que conviene resaltar, la elección consciente de un proceso de
negociación que no sólo involucraba al gobierno – en su conjunto, haciendo perder peso
relativo a las posiciones más ligadas al mando económico-financiero – sino que daba
presencia al nuevo equipo de dirección de la CEOE y enlazaba este momento con el debate
parlamentario sobre los resultados de la Comisión del pacto de Toledo y la orientación que
en ella se iba delineando. Fruto de la presión de la movilización sindical y su traducción
inmediata en términos electorales frente a las próximas elecciones autonómicas y
municipales, el proceso de negociación no fue bien recibido principalmente por los sectores
económico-financieros partidarios del cambio radical del escenario de las políticas sociales.
La presión hacia la “reforma sin pactos” se incrementó con la inestimable ayuda de los
habituales medios de comunicación afectos y la bajada a la arena de los intelectuales
orgánicos de la estrategia antisocial de los llamados “mercados”. Esta presión para afirmar el
carácter prescindible y perjudicial del intercambio político presente en la negociación sindical
venía sólo de un lado del espectro político, porque la izquierda no gubernamental mantenía
las críticas al proyecto de reforma pero se mantenían expectantes ante los resultados de la
negociación emprendida.
El acuerdo alcanzado es complejo, no sólo porque se trate de una materia donde los
aspectos técnicos del sistema de seguridad social hacen complicada su explicación, sino
porque el objetivo del mismo ha sido precisamente éste, el de diversificar el acceso a las
prestaciones de jubilación y establecer diferentes medidas en este domino que “flexibilizan”
el mismo. Pero lo que es más evidente es que se trata de un acuerdo defensivo, que
pretende mantener unos mínimos en la configuración de la garantía institucional de la
protección social frente a la vejez a fin de que no se desvirtúe en lo esencial el modelo social
tal como se viene reformulando en nuestro país a partir del Pacto de Toledo de 1996. La
horquilla de la jubilación entre 61 y 67 años, con especial incidencia en el derecho
incondicionado a la jubilación de 63 y la regla general de jubilación a los 65 y el correlativo
aumento de los periodos de cotización necesarios para obtener el 100 % de la pensión de los
35 años actuales a 38,5 o 37 para los que se jubilen a los 67, el fomento de la jubilación
parcial y los incentivos al retraso en la edad de jubilación, la modificación del período de
cómputo para la base reguladora de la pensión de jubilación de 15 a 25 años, su despliegue
temporal hasta el 2023 y la nueva formulación del problema de las lagunas de cotización, las
reglas especiales de cotización adicional para mujeres por hijo alumbrado y para jóvenes, en
especial en relación con los llamados periodos de formación o de investigación, la reducción
de la edad pensionable a los trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, la integración de
regímenes especiales en el Régimen General, y la atención a nuevas medidas de
financiación y de ampliación de ingresos al sistema, son las cuestiones más relevantes del
Acuerdo.
Son todos ellos aspectos que se interrelacionan y que para su valoración concreta hay que
conocer la situación legal actual tanto como la propuesta de reforma que presentaba el
gobierno sobre estos temas. El resultado del pacto ha sido considerado por las direcciones
de CCOO y UGT un punto de equilibrio suficiente para ser aceptado. En esa decisión se
incluyen además, como se ha dicho, aspectos relevantes que se acompañan al acuerdo
sobre la reforma del sistema de pensiones, especialmente la declaración sobre la reforma de
la negociación colectiva, de cuya “hoja de ruta” ha desaparecido el tema de la ultra-actividad
de los convenios y en donde se insiste en el carácter central del convenio sectorial en la
arquitectura del sistema. Además, la precisión de ayudas a parados en el marco de las
políticas activas de empleo que enlazan, rebajando la cuantía, las prescripciones sobre el
subsidio asistencial excepcional para parados de larga duración, y el desarrollo reglamentario
del art. 51 ET en materia de despidos colectivos constituyen elementos adicionales de este
acuerdo complejo.
¿Ha sido correcta la decisión de la dirección de los dos sindicatos confederales? Cabría
discrepar de ella por entender que las nuevas reglas de acceso a la prestación de jubilación
son más gravosas para los trabajadores y trabajadoras cuya trayectoria laboral ha sufrido
largos períodos de paro y subempleo, provocan una cierta disminución de la cuantía de la
pensión de jubilación – posiblemente en torno a un 4 o 5 % para las pensiones más altas,
pero casi imperceptible para las pensiones bajas – y no articulan medidas de
“amortiguamiento” de las situaciones de exclusión del mercado de trabajo y por tanto de
dificultad en el acceso a una pensión de jubilación digna. Sería un juicio negativo ligado a la
propia configuración del pacto como pacto de límites o de resistencia ante el peligro de
desmantelamiento de fases importantes del sistema de protección.
Pero por lo mismo, cabe realizar una valoración positiva del acuerdo y por consiguiente
aprobar la decisión adoptada por los negociadores de CC.OO. y UGT. Se trata de un
acuerdo que pretende intervenir y controlar la deriva que se quería imprimir al sistema, y ha
congelado en sus prescripciones un nivel mínimo de derechos a la prestación económica de
jubilación que no resulta lesivo para la garantía institucional de la protección de la vejez
tutelada constitucionalmente. La horquilla de edades pensionables es por tanto un elemento
que debe ser revalorizado como el punto de ruptura del eje central de la propuesta del
gobierno, el aumento generalizado de la misma a 67 años. Injerta en el sistema un principio
atenuado de libertad de opción, es decir, un umbral mínimo y otro máximo de edad de
jubilación, de modo que se puedan conciliar relativamente condiciones de trabajo – más allá
de la específica regulación de los penosos o peligrosos – y exigencias personales. Además
se han incorporado elementos de corrección de las fisuras que el trabajo femenino y juvenil
padecen respecto de la protección del sistema, aunque todavía en un nivel muy rudimentario,
y hay también una atención más destacada al reforzamiento de los ingresos del sistema, en
oposición a considerar la sostenibilidad del mismo en términos exclusivamente de gasto y de
porcentaje afectado del PIB. No se trata sólo de que el acuerdo ha procedido a una
reducción sustancial de las propuestas del gobierno, sino que ha sido capaz de impulsar una
visión diferente de la forma de abordar las reformas de la jubilación que permite considerar
este momento regulativo como una versión restrictiva y no expansiva de las garantías que
conforman el modelo de protección social española, lo que no sucedía con las propuestas de
reforma, que abrían una brecha en este modelo social.
Lo que sí es seguro es que este Acuerdo debe ser conocido y debatido por el conjunto de los
trabajadores, y en especial por los afiliados a las organizaciones que lo han negociado. Es
ésta una necesidad derivada de la propia importancia mediática y política que ha tenido y de
la exigencia participativa que estos temas suscitan entre los trabajadores y trabajadores
afectados. Ese impulso a la información sobre el acuerdo y sus consecuencias, que se está
haciendo ante todo a través de las estructuras de dirección federales y territoriales de los dos
sindicatos y que culminará en la votación del Acuerdo en las reuniones de los órganos de
dirección de las dos confederaciones – el 1 de febrero en el consejo Confederal de CCOO –
tiene en su contra muchos elementos, algunos de ellos externos y otros internos, derivados
de la propia dinámica organizativa del sindicato. Todos ellos pueden caminar en el sentido de
crear ciertos desgarramientos en el interior de la militancia sindical que no debería
producirse.
Hay algunas formas de presentar el Acuerdo de las que, a mi juicio, se debería huir. La
primera de ellos es la de afirmar que se trata de un pacto que garantiza el sistema y su
sostenibilidad, porque éste es el objetivo de cualquier intervención sobre la seguridad social
como una condición implícita de la misma. Como el acuerdo se sitúa en una estrategia
defensiva y endurece los requisitos de acceso a la prestación, se genera un equívoco muy
negativo al identificar medidas restrictivas con sostenibilidad del sistema. La segunda, más
extendida en el universo mediático, es la de mostrar el acuerdo como un gran pacto social o
“pacto histórico” que se relaciona con los grandes momentos fundantes de la democracia.
Aun concediendo su parte a la exageración que acompaña a las noticias ampliamente
anunciadas para darles más relieve, la adjetivación es menos importante que el sustantivo. El
de finales de enero se trata en efecto de un acuerdo, pero que se inscribe en un proceso de
confrontación y desacuerdo de mayor alcance que no está cerrado. Sigue en pie la
movilización sindical para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular que recoge el
proyecto de regulación laboral antitética a la reforma legislativa aprobada, y hay toda una
serie de propuestas gubernamentales que son criticadas por el sindicalismo confederal. La
situación del desempleo es dramática, más de cuatro millones y medio de parados y una tasa
del 20,33 %, y en esa situación no puede hablarse de “paz social”. Se confunde así el poder
contractual del sindicato, que se ha manifestado en este proceso articulado de intercambio y
negociación, y la desactivación de la huelga general como forma de disenso extremo ante las
propuestas gubernamentales, con una recomposición de un clima social no atravesado por
profundas divergencias y marcada por el mantenimiento de una conflictividad a medio y largo
plazo.
Tampoco es conveniente iniciar el discurso de las “victorias”. Es muy frecuente que se diga
por todos los interlocutores que el acuerdo ha significado una victoria para el sujeto pactante
o incluso que los comentaristas hablen de una “victoria” de todos los contendientes. La
palabra se reconduce a una visión triunfalista que el sindicato no puede asumir como forma
de explicación del acuerdo. Éste es producto de una estrategia inteligente de resistencia ante
una ofensiva muy potente de desarticulación de mecanismos básicos de tutela ligados al
Estado social que buscaban la progresiva asistencialización de la cobertura junto con el
recorte del gasto y paralelamente, la apertura de una parte del sector de protección social a
la iniciativa privada. No hay victoria en la resistencia inteligente, sino contención y
acumulación de fuerzas para en un futuro inmediato reconstruir y avanzar en la extensión de
derechos. Atribuir al acuerdo el carácter de “histórico” no es equivocado, puesto que se
inscribe en una lógica marcada por el estallido de la crisis en Europa, la práctica desaparición
de la capacidad de elaborar una respuesta adecuada a las mayorías sociales representadas
por la izquierda política, y la movilización fragmentaria pero intensa del sindicalismo europeo
en el ámbito de sus respectivos estados. Es un proceso del que se va a salir con una
importante merma de derechos laborales y ciudadanos. Pero a lo largo del cual hay que ir
preparando los elementos que permitirán recuperar fuerza contractual y capacidad de
presión al servicio de una estrategia de recuperación de los derechos y la extensión de una
perspectiva emancipatoria. Esa es la clave de la política, que explica y justifica la ordenación
democrática de las relaciones sociales. Y, como decía el gran Vázquez Montalbán – por
cierto hablando sobre Jose Luis López Bulla, allá en el año 2000 – “la izquierda no es una
condición física o metafísica sino política y sólo se justifica si apuesta por la transformación
dentro de lo que cabe y no por la transformación quepa o no quepa”.
CCOO y UGT han actuado correctamente al firmar el acuerdo para la reforma del sistema de
pensiones, pero ésta firma debe ser explicada y debatida entre quienes detentan la
soberanía real en el sindicato, y no sólo – aunque también – para evitar un antisindicalismo
desde la izquierda basado en la decepción por lo que se percibe como entreguismo. Hay
muchas señales de esta tendencia, explicable también por un profundo desánimo ante las
actuaciones de la izquierda institucional, que tiene el riesgo de calar en sectores militantes de
la clase trabajadora y en capas intelectuales que han acompañado las reivindicaciones
sociales, produciendo un desgarro interno en las organizaciones sindicales y en su
capacidad de influencia y de agregación política en términos de ciudadanía. Explicar el
acuerdo significa asimismo recordar que existen otros muchos terrenos de conflicto que
permanecen abiertos y que requieren la movilización adecuada en el momento preciso, como
la que va a exigir la Iniciativa Legislativa Popular y los conflictos abiertos en tantos sectores,
fundamentalmente en el terreno del área pública. Una combinación de luchas y movimientos,
explicación e información de la actividad del sindicato y participación democrática en las
decisiones para lograr una adhesión lo más extensa posible, permitirá no sólo una mejor
resistencia, sino que creará mejores condiciones para una recuperación del proyecto sindical
en clave emancipatoria.
Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha. Publucado
riginalmente en el blog del autor: http://baylos.blogspot.com/2011/01/el-acuerdo-de-reforma-del-sistema-de.html.